109 cupos fueron asignados en la Escuela de Derecho de la UCV por la vía de “entrevistas con el Decano”, no estipulada dentro del Reglamento de Ingreso a esta casa de estudios. El Consejo Universitario decidió permitir la entrada a los jóvenes afectados en este nuevo año lectivo 2004-2005. El caso se discutirá en el CNU
Osly Hernández
Caracas, noviembre de 2004. La UCV, antigua “casa que vence las sombras”, parece ahora estar envuelta en ellas. Desde hace algunos años se viene escuchando en sus pasillos sobre las irregularidades que se cometen en los procesos de admisión, pero hoy, prueba en mano, dejaron de ser un rumor. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 109 personas ingresaron a las escuelas de Derecho y Estudios Políticos por vías irregulares, que los representantes estudiantiles decidieron bautizar como “entrevistas con el decano”.
José Alejandro Terán, ex Presidente del Centro de Estudiantes y actual Consejero de Facultad explica que, luego de quedar vacante un gran número de cupos, “algunos debido a que, por un ‘pequeño error’ de la Secretaría de la UCV, el CNU mandó una lista de sólo 50 bachilleres de los 200 que se les había solicitado, y otros de personas que no asistieron a formalizar su inscripción”, se procedió a discutir en el Consejo de Facultad (CF) los nuevos mecanismos para seleccionar a los futuros estudiantes.
La representante estudiantil, Patricia Araujo, ex Consejera de Facultad y actual Consejera Universitaria Suplente, que participó en dicha sesión, presentó ante el cuerpo la propuesta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho (CED) en la que se solicitaba la aplicación del artículo 29 del Reglamento de Ingreso de la UCV, que reza así: “Si finalizado los lapsos establecidos para las inscripciones los aspirantes no cumplen con las formalidades requeridas, se llenarán las vacantes con los aspirantes que sigan en orden correlativo, respetando el índice o rendimiento académico, según corresponda a cada caso”. Advirtió, además, que “permitir el cambio de las reglas del juego, luego de iniciado el proceso de admisión, es cometer una violación a la seguridad jurídica de los aspirantes, contemplada en la Constitución Nacional, y del estado de derecho”.
Al contrario de la mención introducida y de la solicitud del CED, “el Consejo decidió reducir el valor mínimo de una de las subpruebas que conformaban la Prueba Interna de Admisión (PIA) y hacer nuevamente el llamado a los estudiantes. Sin embargo, la nueva medida ni siquiera fue anunciada a través de la prensa nacional o por el CNU, como se hace regularmente, sino que sólo fue publicada en la cartelera de la escuela”, señala la Br. Araujo y lo confirma el informe enviado a la Secretaría General de la UCV por la profesora Lourdes Wills, Directora de la Coordinación Académica de la Facultad, y quien, por cierto, se negó a rendir declaraciones sobre el caso.
Esta irregularidad trajo como consecuencia que “el aspirante ubicado en la posición 205 no fue seleccionado (pues ni siquiera se enteró de la nueva decisión), pero sí el ubicado en la posición 937 del ranking, y que sólo acudieran al llamado 22 estudiantes de los 162 que se habían adjudicando, quedando nuevamente 140 cupos vacantes”, como apuntó el Br. Héctor Rodríguez, actual presidente del Centro de Estudiantes.
¯ De los 100 que me quedaban…
A este grupo de cupos les fue aplicada una nueva norma estipulada en el Acta nº 29 del CF, “la cual fue informada más no discutida por el cuerpo”, como señala Araujo, y en la que el Decano, Prof. Boris Bunimov, determinaría de forma ilegal y arbitraria, a través de entrevistas a estudiantes que no hubiesen presentado la PIA, quienes ingresaban y quienes no a la, irónicamente, Escuela de Derecho.
“El profesor Bunimov controla los institutos y ascensos de la Facultad, por lo que los profesores que no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo se sentían intimidados de marcar posturas por las futuras consecuencias que ello les podría acarrear. Aunque nunca votaron a favor, se salieron del Consejo al momento de tomarse la decisión”, afirma Héctor Rodríguez.
Este nuevo criterio es llevado y avalado por el Consejo Universitario, por lo que los afectados, asesorados por los representantes estudiantiles, decidieron acudir a otras instancias.
“Introdujimos un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (en la que se solicita el levantamiento de una medida cautelar innominada a favor de los aspirantes que han asistido a clase y han presentado y aprobado sus evaluaciones, aunque no aparezcan formalmente inscritos), pasamos cartas informando de la situación al CNU y pedimos un derecho de palabra en el Consejo Universitario”, comentó María Carla Rodríguez Guerrero, una de las jóvenes que aún aspira ingresar a la Escuela de Derecho y que, además, ha asistido a clases desde el 29 de septiembre, aún cuando no está formalmente inscrita. Maria Carla agregó que todo esto le parecía muy injusto y más aún cuando “en varias oportunidades escuché en los pasillos que hubo gente que pagó hasta 1 millón 800 mil bolívares por el cupo en la escuela”.
Miguel Llamozas, también aspirante a la Escuela de derecho opina que “jugaron con la confianza que habíamos puesto en esta institución y, aunque nos mantenemos peleando por el cupo que nos ganamos, estamos decepcionados, porque son esas mismas autoridades quienes en algún momento formaron a abogados de la República”.
De los 140 entrevistados, ingresaron sólo 109 y los demás cupos nunca fueron llenados, como también lo contempla el informe emitido por la profesora Wills. Cuando me dirigí al Prof. Pavón para que diera cuenta de la situación, se excusó y, al igual que Wills, no quiso rendir declaraciones.
Mientras tanto, en el “salón de la justicia” (CNU)…
Paralelo a esto, el profesor Boris Bunimov, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, envía al profesor Luis Fuenmayor Toro una lista de bachilleres para que le sea cambiada la opción en el CNU.
“A mi me pareció un trámite rutinario, pues esto se efectúa cuando el bachiller queda aprobado en la PIA de determinada escuela y ésta no era reflejada en las opciones del CNU”, señala el Prof. Fuenmayor. Explica además, que luego de su firma las solicitudes fueron enviadas a un proceso de revisión el cual arrojó como resultado que ninguno de los bachilleres aparecían aceptados por alguno de los mecanismos regulares de ingreso a la UCV, por lo que Fuenmayor le retorna la lista al decano y le solicita que le mande la vía de ingreso de los jóvenes. “Hasta el sol de hoy sigo esperando por las listas”.
Agrega Fuenmayor que luego comenzó a recibir las copias de un gran número de solicitudes que introdujeron los aspirantes ante el CF y al CU, para ser considerados en la asignación de cupos vacantes de la Escuela de Derecho. También recibe un informe detallado de la situación por parte del CED.
“Yo me pregunté ¿por qué no llenan esas vacantes con la lista de cola que emitió el CNU, junto a los aceptados, o la lista de espera de la PIA?”. Se comunica vía telefónica con la Secretaría de la UCV y le contestan que desconocen la existencia de tal “lista de cola” y que la Facultad tampoco ha solicitado correr la lista de la PIA. “Ante tales irregularidades y luego de pedir la información completa de la situación, llevé el caso al CNU en donde se discutirá el último viernes del mes en curso”.
Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
Gracias a las acciones ejercidas, tanto por los aspirantes como por lo representantes estudiantiles, se logró que en el Consejo Universitario se conformara una Comisión Técnica que evaluaría la situación de la Facultad y presentaría un informe del cual se desprendería la solución a tan grave problema.
“Destapamos y describimos todas las irregularidades y luego se definieron los errores principales: la dicotomización de la PIA (aprobado-reprobado), el no envío al CNU la petición de pasar la lista de cola de los bachilleres que seguían por orden correlativo y el ‘error’ de la Facultad de solicitar sólo 50 cupos al CNU y no 200 como se había acordado”, comentó la Br. Araujo, quien también formó parte de la primera Comisión. Sin embargo, ésta no arrojó ninguna solución.
Se conforma la segunda Comisión, integrada por los bachilleres Roberto Baily y Luis París, el Rector de la UCV, Prof. Giuseppe Gianetto, José Miguel Cortázar (suplente de Fuenmayor), la Prof. Marval (Secretaría del Rectorado) y Goeryl Melendez (consultor jurídico del CU, quien no tenía voto pero sí voz). Esta comisión tuvo dos reuniones de las cuales se llegó a la conclusión de que “se evaluarán a los 82 estudiantes que se encuentran en la lista de espera del proceso de ingreso, y que hicieron la petición de entrar a la escuela, en base a un 33,3% por cada sub prueba”, como reza el informe del Consejo Universitario. De ahí se elegirán a los primeros 52 y es a éstos a quienes se les garantizará su cupo. Los restantes no ingresarían por bajo rendimiento. “Los otros 148 que se encontraban en orden correlativo de la prueba entrarán por la vía del CNU para cubrir los 150 cupos restantes de los 200 que se debieron haber solicitado, pues recuerda que sólo se pidieron 50” concluye la representante estudiantil.
A pesar de todo, esta vez la historia parece tener un final feliz. Sin embargo, la intención del CED de que se abriera un expediente disciplinario al Decano por las faltas cometidas, parece haber perdido interés por el Consejo Universitario. Como señala el Prof. Fuenmayor, todo indica que “los bomberos no pueden pisarse las mangueras entre sí” y que, aunque la decisión de la comisión fue un gran logro para el grupo estudiantil, los actos de las autoridades de la Escuela de Derecho, hasta el momento, han quedado impunes.
José Alejandro Terán, ex Presidente del Centro de Estudiantes y actual Consejero de Facultad explica que, luego de quedar vacante un gran número de cupos, “algunos debido a que, por un ‘pequeño error’ de la Secretaría de la UCV, el CNU mandó una lista de sólo 50 bachilleres de los 200 que se les había solicitado, y otros de personas que no asistieron a formalizar su inscripción”, se procedió a discutir en el Consejo de Facultad (CF) los nuevos mecanismos para seleccionar a los futuros estudiantes.
La representante estudiantil, Patricia Araujo, ex Consejera de Facultad y actual Consejera Universitaria Suplente, que participó en dicha sesión, presentó ante el cuerpo la propuesta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho (CED) en la que se solicitaba la aplicación del artículo 29 del Reglamento de Ingreso de la UCV, que reza así: “Si finalizado los lapsos establecidos para las inscripciones los aspirantes no cumplen con las formalidades requeridas, se llenarán las vacantes con los aspirantes que sigan en orden correlativo, respetando el índice o rendimiento académico, según corresponda a cada caso”. Advirtió, además, que “permitir el cambio de las reglas del juego, luego de iniciado el proceso de admisión, es cometer una violación a la seguridad jurídica de los aspirantes, contemplada en la Constitución Nacional, y del estado de derecho”.
Al contrario de la mención introducida y de la solicitud del CED, “el Consejo decidió reducir el valor mínimo de una de las subpruebas que conformaban la Prueba Interna de Admisión (PIA) y hacer nuevamente el llamado a los estudiantes. Sin embargo, la nueva medida ni siquiera fue anunciada a través de la prensa nacional o por el CNU, como se hace regularmente, sino que sólo fue publicada en la cartelera de la escuela”, señala la Br. Araujo y lo confirma el informe enviado a la Secretaría General de la UCV por la profesora Lourdes Wills, Directora de la Coordinación Académica de la Facultad, y quien, por cierto, se negó a rendir declaraciones sobre el caso.
Esta irregularidad trajo como consecuencia que “el aspirante ubicado en la posición 205 no fue seleccionado (pues ni siquiera se enteró de la nueva decisión), pero sí el ubicado en la posición 937 del ranking, y que sólo acudieran al llamado 22 estudiantes de los 162 que se habían adjudicando, quedando nuevamente 140 cupos vacantes”, como apuntó el Br. Héctor Rodríguez, actual presidente del Centro de Estudiantes.
¯ De los 100 que me quedaban…
A este grupo de cupos les fue aplicada una nueva norma estipulada en el Acta nº 29 del CF, “la cual fue informada más no discutida por el cuerpo”, como señala Araujo, y en la que el Decano, Prof. Boris Bunimov, determinaría de forma ilegal y arbitraria, a través de entrevistas a estudiantes que no hubiesen presentado la PIA, quienes ingresaban y quienes no a la, irónicamente, Escuela de Derecho.
“El profesor Bunimov controla los institutos y ascensos de la Facultad, por lo que los profesores que no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo se sentían intimidados de marcar posturas por las futuras consecuencias que ello les podría acarrear. Aunque nunca votaron a favor, se salieron del Consejo al momento de tomarse la decisión”, afirma Héctor Rodríguez.
Este nuevo criterio es llevado y avalado por el Consejo Universitario, por lo que los afectados, asesorados por los representantes estudiantiles, decidieron acudir a otras instancias.
“Introdujimos un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (en la que se solicita el levantamiento de una medida cautelar innominada a favor de los aspirantes que han asistido a clase y han presentado y aprobado sus evaluaciones, aunque no aparezcan formalmente inscritos), pasamos cartas informando de la situación al CNU y pedimos un derecho de palabra en el Consejo Universitario”, comentó María Carla Rodríguez Guerrero, una de las jóvenes que aún aspira ingresar a la Escuela de Derecho y que, además, ha asistido a clases desde el 29 de septiembre, aún cuando no está formalmente inscrita. Maria Carla agregó que todo esto le parecía muy injusto y más aún cuando “en varias oportunidades escuché en los pasillos que hubo gente que pagó hasta 1 millón 800 mil bolívares por el cupo en la escuela”.
Miguel Llamozas, también aspirante a la Escuela de derecho opina que “jugaron con la confianza que habíamos puesto en esta institución y, aunque nos mantenemos peleando por el cupo que nos ganamos, estamos decepcionados, porque son esas mismas autoridades quienes en algún momento formaron a abogados de la República”.
De los 140 entrevistados, ingresaron sólo 109 y los demás cupos nunca fueron llenados, como también lo contempla el informe emitido por la profesora Wills. Cuando me dirigí al Prof. Pavón para que diera cuenta de la situación, se excusó y, al igual que Wills, no quiso rendir declaraciones.
Mientras tanto, en el “salón de la justicia” (CNU)…
Paralelo a esto, el profesor Boris Bunimov, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, envía al profesor Luis Fuenmayor Toro una lista de bachilleres para que le sea cambiada la opción en el CNU.
“A mi me pareció un trámite rutinario, pues esto se efectúa cuando el bachiller queda aprobado en la PIA de determinada escuela y ésta no era reflejada en las opciones del CNU”, señala el Prof. Fuenmayor. Explica además, que luego de su firma las solicitudes fueron enviadas a un proceso de revisión el cual arrojó como resultado que ninguno de los bachilleres aparecían aceptados por alguno de los mecanismos regulares de ingreso a la UCV, por lo que Fuenmayor le retorna la lista al decano y le solicita que le mande la vía de ingreso de los jóvenes. “Hasta el sol de hoy sigo esperando por las listas”.
Agrega Fuenmayor que luego comenzó a recibir las copias de un gran número de solicitudes que introdujeron los aspirantes ante el CF y al CU, para ser considerados en la asignación de cupos vacantes de la Escuela de Derecho. También recibe un informe detallado de la situación por parte del CED.
“Yo me pregunté ¿por qué no llenan esas vacantes con la lista de cola que emitió el CNU, junto a los aceptados, o la lista de espera de la PIA?”. Se comunica vía telefónica con la Secretaría de la UCV y le contestan que desconocen la existencia de tal “lista de cola” y que la Facultad tampoco ha solicitado correr la lista de la PIA. “Ante tales irregularidades y luego de pedir la información completa de la situación, llevé el caso al CNU en donde se discutirá el último viernes del mes en curso”.
Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
Gracias a las acciones ejercidas, tanto por los aspirantes como por lo representantes estudiantiles, se logró que en el Consejo Universitario se conformara una Comisión Técnica que evaluaría la situación de la Facultad y presentaría un informe del cual se desprendería la solución a tan grave problema.
“Destapamos y describimos todas las irregularidades y luego se definieron los errores principales: la dicotomización de la PIA (aprobado-reprobado), el no envío al CNU la petición de pasar la lista de cola de los bachilleres que seguían por orden correlativo y el ‘error’ de la Facultad de solicitar sólo 50 cupos al CNU y no 200 como se había acordado”, comentó la Br. Araujo, quien también formó parte de la primera Comisión. Sin embargo, ésta no arrojó ninguna solución.
Se conforma la segunda Comisión, integrada por los bachilleres Roberto Baily y Luis París, el Rector de la UCV, Prof. Giuseppe Gianetto, José Miguel Cortázar (suplente de Fuenmayor), la Prof. Marval (Secretaría del Rectorado) y Goeryl Melendez (consultor jurídico del CU, quien no tenía voto pero sí voz). Esta comisión tuvo dos reuniones de las cuales se llegó a la conclusión de que “se evaluarán a los 82 estudiantes que se encuentran en la lista de espera del proceso de ingreso, y que hicieron la petición de entrar a la escuela, en base a un 33,3% por cada sub prueba”, como reza el informe del Consejo Universitario. De ahí se elegirán a los primeros 52 y es a éstos a quienes se les garantizará su cupo. Los restantes no ingresarían por bajo rendimiento. “Los otros 148 que se encontraban en orden correlativo de la prueba entrarán por la vía del CNU para cubrir los 150 cupos restantes de los 200 que se debieron haber solicitado, pues recuerda que sólo se pidieron 50” concluye la representante estudiantil.
A pesar de todo, esta vez la historia parece tener un final feliz. Sin embargo, la intención del CED de que se abriera un expediente disciplinario al Decano por las faltas cometidas, parece haber perdido interés por el Consejo Universitario. Como señala el Prof. Fuenmayor, todo indica que “los bomberos no pueden pisarse las mangueras entre sí” y que, aunque la decisión de la comisión fue un gran logro para el grupo estudiantil, los actos de las autoridades de la Escuela de Derecho, hasta el momento, han quedado impunes.
