Los pobres están siendo excluidos, incluso, de las Universidades Oficiales
Osly Hernández
A raíz de las nuevas políticas de Estado en torno a la concepción del sistema educativo, se ha despertado un fuerte debate sobre los métodos de ingreso a la educación superior, el cual ha evidenciado la poca capacidad de respuesta que tienen las universidades para atender tanto a la creciente demanda del sector como a los jóvenes de los estratos inferiores, quienes cada vez tienen menores posibilidades de ingreso, incluso en las instituciones públicas.
Lo primero ha ocasionado la disminución progresiva de la matrícula estudiantil de las principales universidades, en comparación con las cifras de crecimiento de la población en los últimos años, que se ubican –según el último CENSO realizado en octubre de 2001- en un 37,66% aproximadamente, y lo segundo un problema de Estado al que aún no se le ha dado respuesta pero que ha impulsado la creación de proyectos alternativos de Educación Superior.
Cuando acudimos a revisar las estadísticas de ingreso a las universidades del país que reposan en el Consejo Nacional de Universidades (CNU), podemos encontrar que el sistema universitario está siendo, en apariencia, eficiente –a través de sus distintos métodos de ingreso- en la absorción de los nuevos bachilleres que egresan del Ciclo Diversificado, pues notaremos cómo de 288.016 aspirantes al sistema de educación superior en el año 2000, sólo 91.819 quedaron sin gozar de este privilegio, lo que se traduce en que más de la mitad de los aspirantes ingresaron a las distintas universidades e institutos del país. (“El Proceso Nacional de Admisión en Cifras”, Nº1, OPSU-CNU)
Sin embargo, explica el ex ministro de Educación Superior, Héctor Navarro, que “las principales universidades del país no son las responsables de estos números –que si bien no son los más idóneos, no parecen ser tan alarmantes- pues, la Universidad Simón Bolívar (USB), por ejemplo, ha reducido progresivamente su matrícula de 9 mil a 7 mil estudiantes, según el último informe recibido en mi despacho”.
Agrega el actual viceministro de Políticas Académicas, Andrés Eloy Ruiz, que en la misma situación se encuentra la UCV –en donde cabe destacar que los números de ingreso se han convertido en cifras “confidenciales” según su Departamento de Estadística- pues, gracias a un estudio que se está realizando, “cuando constatamos por otras vías las cifras de ingreso aportadas por ésta y otras universidades al CNU -como por ejemplo el Registro Electoral Permanente, en el que cada ciudadano señala su nivel de escolaridad, la institución en la cual estudia y su año de ingreso-, notamos una gran diferencia en los datos que refleja una disminución progresiva de sus matrículas en la última década”.
Este resultado, que aún no ha sido expuesto a la opinión pública, pondrá en evidencia la poca capacidad de respuesta que están teniendo nuestras principales universidades ante la demanda estudiantil, lo que está obligando a otras instituciones a asumir dicha problemática, aún cuando sus presupuestos no llegan ni a la mitad del destinado por el Estado tanto para la UCV como para la USB. Tal es el caso, como apunta el profesor Navarro, “de universidades como la Simón Rodríguez, que va a tener para el primer semestre del año que viene un incremento de 100 mil estudiantes aproximadamente; la Universidad del Sur del Lago, que antes era privada y ahora es pública, y tiene casi 4 mil estudiantes; la Bolivariana, que va para 20 mil estudiantes y ya se anunció la construcción de una sede de Maturín; así como la Rafael María Baralt, la UNELLEZ y la Rómulo Gallegos, que duplicaron su número de ingresos”.
“Y el queso que había en la mesa, también…”
Las últimas cifras arrojadas por el CNU y la OPSU en su libro “El Proceso Nacional de Admisión en Cifras, Nº 1 y 2”, reflejan cómo la Prueba Nacional de Admisión, realizada por estos organismos, ha sufrido un proceso de estancamiento en la asignación de bachilleres a la educación superior, en la última década.
Revisando los números, encontramos que para el año 1988 la demanda total de estudiantes que aspiraban a ingresar en las universidades, institutos y politécnicos universitarios era de 129.980 bachilleres, de los cuales 36.797 (28.30%) fueron asignados por el CNU y los demás absorbidos por los sistemas internos de cada Universidad, también conocidos como Prueba Interna (PI). Pero para el año 2000, cuando la demanda ascendió a 288.016 aspirantes (casi el doble), la asignación del CNU se mantuvo por el orden de los 37.299 estudiantes (13%), mientras que por PI ingresaron 158.898 bachilleres, quedando por fuera del sistema de educación superior 91.819 (31.87%).
De este primer conteo, las cifras saltan a la vista: son más los jóvenes que quedan excluidos de los estudios superiores que los asignados por el CNU. Aunado a esto, señala Nabor Paredes, encargado del Programa de Formación de Recursos Humanos de la Educación Superior (PROFORHES), “algunas instituciones, sobre todo las Universidades, amparadas por el artículo 26 de le Ley de Educación Superior, no le otorgan a la OPSU-CNU ningún cupo, entre ellas la Simón Bolívar y la UPEL, aunque, contradictoriamente, sí exigen la presentación del comprobante del CNU para presentar sus Pruebas Internas”.
Sin embargo, la reducción del número de asignados por el CNU no es la única conclusión a la que podemos llegar a partir de estos datos. La Prueba de Aptitud Académica, conocida también por sus siglas PAA, es la única evaluación que se realiza a nivel nacional a todos los bachilleres egresados (y por egresar) del Ciclo Diversificado de educación básica, donde no sólo se toman en cuenta sus aptitudes académicas, sino que se valora los niveles socioeconómicos, el lugar de procedencia y hasta las aptitudes para cursar las carreras seleccionadas del aspirante. Además, el examen es presentado en la misma zona escolar del bachiller, por lo que no tienen que salir de su localidad para presentar la prueba. Entonces nos preguntamos, ¿a quién favorece la PAA? Pues a quienes no disponen del suficiente capital para cancelar una PI (que está por el orden de los Bs. 20 mil), además de los costos de pasajes, hospedaje y comida, entre otros “debes” para poder “aspirar” un cupo en cualquier universidad, es decir, a los pobres.
He aquí el segundo razonamiento. Si los pobres no pueden ni pagar ni acudir a presentar las PI de los distintos núcleos universitarios y la PAA sólo asigna al 13% del total de los aspirantes de todo el país, ¿es realmente nuestro sistema educativo equitativo? ¿Están los métodos de ingreso a la educación superior proporcionando respuestas a los sectores mayoritarios de nuestra población?
El 9 de diciembre del año 2003, en el diario Últimas Noticias, la periodista Miriam Morillo publicó un artículo titulado “Los pobres no entran a las universidades”, en el cual el tesista Eduardo Morales Gil plantea, números en mano, cómo “el estado democrático venezolano está impartiendo educación gratuita (…) a los círculos privilegiados y minoritarios de la población, en desmedro de los grupos más vulnerables, desposeídos de fortuna, con menor poder adquisitivo, en fin, los pobres”, como señala el citado artículo. Según Gil, para el año 1981 la matrícula de la UCV estaba compuesta en un 21% por alumnos de los sectores más pobres y para el año 2000 la cifra había disminuido al 6,59% y sin intenciones de mejorar. De igual modo ocurre con la Universidad Simón Bolívar, la cual pasó de admitir un 13% de estudiantes de los estratos IV y V –los cuales, por cierto, representan el 81,75% de la población venezolana- a un 0,99% en el mismo período.
Este artículo desató un fuerte contrapunteo entre algunas autoridades encargadas del sector universitario, en el que figuraron el profesor Giuseppe Giannetto, ex rector de la UCV, y el director del CNU, Luis Fuenmayor Toro. Cada uno, desde su perspectiva, intentaba analizar la situación del ingreso. El primero, alegaba que “los pobres se autoexcluyen de la universidad” a través de las cifras de solicitud de ingreso a los estudios superiores, las cuales reflejaban que “la demanda nacional de cupos del estrato V (grupo en pobreza extrema) es casi nula, porque apenas representa el 2,43% de la demanda de cupos a través de la Prueba de Aptitud Académica de la OPSU-CNU y 0,92% de la demanda por Prueba Interna de la UCV. El estrato IV (pobreza relativa) tiene una demanda de 30% por OPSU-CNU y 18% por PI. El estrato III (clase media) tiene una demanda de 42% por OPSU-CNU y 42% por PI. El estrato II (clase media alta), tiene una demanda de 21% por OPSU-CNU y 23% por PI. Y, por último, el estrato I (representada por la clase alta), tiene una demanda de 2% por la OPSU-CNU y 10% por PI”, según otro artículo publicado el 12 de diciembre de 2003.
El segundo (Fuenmayor Toro) señala que “es un poco difícil pretender que alguien que no tiene los recursos para presentar una PI sea absolutamente libre de elegir si cursa o no estudios superiores. He aquí el primer error del planteamiento del profesor Gianetto y es por ello que el día 18 de diciembre envié un comunicado a la redacción del Últimas Noticias para aclarar el contexto”, explicó.
Este comunicado plantea las siguientes interrogantes al profesor Giannetto: “¿Las pruebas internas de la UCV se hacen de forma descentralizada en todo el país? ¿Van a buscar al estudiante donde vive o éste tiene que venir a Caracas a presentar? ¿Debe pagar ese aspirante su pasaje, alojamiento y comida, para poder presentar una prueba interna? ¿Debe pagar algo por presentar la prueba? El presupuesto de la UCV aumenta cada año. ¿Aumentan también los cupos? ¿Qué porcentaje de plazas otorga la UCV por vía de la PAA? Cuando responda a estas preguntas, Dr. Giannetto, si lo hace sinceramente, sentirá vergüenza de sus declaraciones”.
…“tengo, tengo, tengo, y tú no tienes nada”
Ahora bien, al momento de indagar sobre las razones por las cuales las universidades de nuestro país están asumiendo esta actitud, encontramos dos principales puntos de confluencia en las opiniones: unas económicas y otras que apuntan hacia la preservación del status quo.
La primera está sustentada por el lucro que representa para las distintas casas de estudio una prueba interna cuyo valor, como señalamos anteriormente, está por el orden de los Bs. 20 mil en las instituciones públicas. Y la segunda, un poco más compleja y ponzoñosa que la anterior, es definida por el profesor Navarro (citando al profesor J.J. Montilla) como la construcción de una “oligarquía universitaria” formada a partir de un “proceso endogámico[1] tanto universitario como social”.
“Las universidades venezolanas, en los últimos 15 años, han venido sufriendo un proceso en el cual el perfil social de nuestros estudiantes universitarios se acentúa sobre los sectores más favorecidos económicamente de la sociedad. Ellos no sólo se han hecho profesionales universitarios, sino que también han venido heredado, sucesivamente, los cargos de profesores, empresarios, diplomáticos y políticos, entre otros, al mejor estilo de la realeza antigua, lo que excluye casi totalmente del sistema a quienes no formen parte de ese pequeño círculo social”, puntualizó Navarro.
En consonancia con estas declaraciones, el profesor Andrés Eloy Ruiz agrega que “hay que recordar que el poder más importante, la fuerza más importante en una transformación está en el conocimiento”, por lo que “el hecho de que un rector pueda controlar el ingreso a la universidad, representa un poder para ellos”. Es por ello que si esta fuerza está en manos de quienes forman hoy en día las altas esferas del poder económico, político y social, no sería descabellado pensar que la función actual de las universidades se traduce en asegurar, precisamente, el status quo, el poder de las clases sociales de los estratos más altos.
¿Una luz al final del túnel?
Ante esta realidad, la nueva visión de la Educación Superior que plantea el Ejecutivo Nacional define, según palabras del profesor Navarro, al Estado como el garante de la equidad social: “Los cupos universitarios son un bien social, colectivo, así como el petróleo, el aire, el agua, y deben ser distribuidos en un estado social, de derecho y de justicia como el nuestro de forma equitativa. Es un deber del Estado garantizar que el producto social se reparta equitativamente”.
Y para garantizar esta repartición es que, como afirma Nabor Paredes, “en los últimos años se han creado las Misiones Educativas que fungen como una alternativa ante el colapsado sistema de Educación Superior”. Gracias a su sistema de atención descentralizada, en el que a cada alumno se le asigna el material completo para su aprendizaje básico, un gran número de niños, jóvenes y adultos ha reiniciado su formación académica.
Robinson, Ribas y Sucre representan “la punta de lanza de la transformación social en Venezuela”, como en algún momento lo señaló el mandatario presidencial, Hugo Chávez, en una de sus alocuciones domingueras. Ahora, cabe preguntarse si estarán estos nuevos proyectos reorientando la visión de la educación en Venezuela o estarán repitiendo los mismos patrones generados por las Universidades ya existentes, los cuales, como afirma el profesor Navarro, alimentan “la competencia, independientemente de que seas leal, así como la falta de ética, de solidaridad, de participación”.
Esta interrogante sólo podrá ser contestada con el paso del tiempo, pero, “por ahora” no podemos negar que esta iniciativa, aunada a la posible reforma del Proyecto de Ley de Educación Superior (PLES), están quizás sentando las bases para lo que podría traducirse en la sensibilización social de la educación en Venezuela.
__________________
[1] Endogamia: que se mezcla con su propia tribu, raza, etc.
